miércoles, 29 de junio de 2016

Las Cortes de la Organización Mundial del Comercio

Por Baneste

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Recientemente se ha informado que la corporación transnacional de origen canadiense TransCanada Corporation ha demandado al gobierno de los Estados Unidos por oponerse al desarrollo del proyecto denominado Keystone XL Pipeline, exigiendo una compensación monetaria de $15 billones por supuestos daños. La demanda es posible porque Estados Unidos es signatario del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés como NAFTA, que incluye a Canadá y México, y que entró en vigor en enero de 1994, y dicho Acuerdo contiene el Capitulo 11 «protección a los inversores» que les permite a las corporaciones eludir regulaciones nacionales y demandar a los gobiernos que aprueban leyes o prohibiciones que limitan sus ganancias.

El proyecto al que se refiere la demanda, el Keystone Pipeline, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y vetado por el presidente Barack Obama, contemplaba la construcción de un extenso acueducto que desde Canadá atravesaría el territorio estadounidense hasta finalizar en el golfo de México, y su objeto era transportar crudo para de allí ser exportado a otros países, principalmente China. La corporación TransCanada pretendía al mismo tiempo hacer uso de lo que en los tratados de libre comercio se llama «dominio eminente» que le permite a las transnacionales confiscar tierras a hacendados, agricultores y otros propietarios cuyas posesiones se encuentran en la ruta del proyecto. De hecho, el veto del presidente Obama, fue en gran medida el resultado de la oposición ciudadana a semejate empresa que afectaría a muchas comunidades.

Estos juicios o demandas no son dilucidados en cortes de la nación demandada, sino en «cortes» internacionales cuyos árbitros son escogidos por nada más ni nada menos que por la Organización Internacional del Comercio (WTO por sus sigla en inglés) y abogados contratados por la transnacional demandante, lo que asegura un veredicto favorable a sus intereses y una costosa pérdida garantizada a los gobierno sujetos a dichos juicios, ya que en el improbable caso de que ganaran la demanda, acarrearían los costos millonarios del proceso.

Una demanda de este tipo contra de un gobierno económicamente poderoso como Estados Unidos, lo más seguro es que no tenga mayores consecuencias para el país, pero la situación podría conllevar resultados desastrosos a países más pequeños con economías débiles como por ejemplo El Salvador que es signatario del CAFTA (Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana). Las provisiones del denominado Establecimiento para las Disputas Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) concibieron estas cortes corporativas fuera de las cortes de cualquier estado, incluyendo los Estados Unidos.

Ejemplos de demandas en la actualidad iniciadas por transnacionales contra gobiernos hay varios:

1. Una compañía tabacalera basada en Suecia  está demandando al gobierno de Uruguay por supuestos daños causados por los esfuerzos en contra del fumar impulsados por ese estado en la búsqueda de la protección de la salud de sus habitantes.

2. La compañía sueca de energía Vattenfall está demandando al gobierno de Alemania por haber decidido reducir su uso de energía nuclear.

3. La compañía multinacional francesa Veolia ha demandado al gobierno de Egipto por haber incrementado el salario mínimo en ese país.

4. Entre los gobiernos que han sido demandados y obligados a pagar cuantiosas sumas a corporaciones extrajeras están Ecuador y Canadá.

Estos casos demuestran patéticamente que los tratados de libre comercio son en realidad esquemas de sobreprotección de la insaciable avidez de gananacia de las transnacionales capitalistas, y que no traen ningún beneficio a los  países signatarios.



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