jueves, 19 de septiembre de 2013

El Salvador: Candidatos presidenciales defienden ley que impide investigación de delitos de guerra



Por Adital.
(Publicado originalmente el Martes 3 de Septiembre de 2013, en El Nuevo Topo).



A exactos cinco meses de las elecciones presidenciales en El Salvador los defensores de derechos humanos se muestran preocupados por la omisión de los candidatos en lo que se refiere al final de la Ley de Amnistía, lo que permitiría que los delitos de guerra fuesen debidamente investigados y juzgados. Conforme indagó la agencia Noticias Aliadas, tanto los partidos de derecha como los de izquierda no realizarán ningún esfuerzo para derogar la Ley.

Norman Quijano, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y Elías Antonio Saca, del Movimiento Unidad, tradicionales partidos de derecha, al ser cuestionados sobre la posibilidad de derogar la Ley, no manifestaron la menor intención de hacerlo, afirmando que la Ley significó la reconciliación del país con la paz. Sin embargo, para Noticias Aliadas, la decepción mayor se dio con la postura del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el actual vicepresidente y ex guerrillero Salvador Sánchez Cerén.

“Primero, quiero decir que nosotros cerramos un conflicto a través de los Acuerdos de Paz. Esos acuerdos abrieron una nueva etapa para El Salvador. Es ejemplo para América Latina y para el mundo. Para construir el desarrollo del país necesitamos paz. Ahora, nosotros [el FMLN] estamos viendo el futuro y el futuro tiene que ser de oportunidades para todos”, dijo Cerén a Noticias Aliadas. La agencia ya había constatado que el FMLN con la victoria del ex periodista Mauricio Funes para la Presidencia en 2009, éste no se esforzó, como había prometido, para derogar o incluso modificar la Ley de Amnistía.

Tal postura contraria a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el informe de octubre de 2012 sobre la masacre de “El Mozote”, establece que el Estado asegure que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz no represente un obstáculo para la investigación de los acontecimientos materiales de esa masacre, ni para la identificación, juicio y eventual castigo de los responsables por ésta y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Los candidatos presidenciales también continuarían despreciando el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, inmediatamente después de los Acuerdos de Paz, y que registra las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, que desde 1980 a 1992 dejó más de 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y millones de dólares de pérdida en infraestructura.

Entre los delitos mencionados en el informe de la Comisión está la masacre de “El Mozote”, ocurrida en 1981, cuando soldados del Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl (Biria) y soldados de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel ejecutaron una operación en la localidad del Mozote, Departamento de Morazán, y asesinaron a cerca de 1 mil habitantes, de los cuales la mitad eran menores de edad.

Noticias Aliadas denuncia además que un grupo de militares estableció una alianza pública con el FMLN, lo que dio como resultado el nombramiento de un militar como asesor de Defensa Nacional de la Presidencia, el coronel Roberto López, que según la Comisión de la Verdad y la CIDH, tenía conocimiento de los planes del gobierno para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y a otras dos mujeres, en 1989. Esas personas fueron asesinadas porque defendían a los pobres y apostaban al diálogo entre las dos partes de la guerra civil: el gobierno, vinculado a los militares, por un lado, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por el otro.

Más de 20 años después de la aprobación de la Ley de Amnistía de El Salvador, sectores de la sociedad civil organizada y defensores de derechos humanos todavía cuestionan el mantenimiento de un dispositivo que favorece la impunidad. La legislación fue aprobada el 20 de marzo de 1993, sólo dos días después que la Comisión de la Verdad publicó el informe “De la locura a la esperanza: la guerra de los 12 años en El Salvador”. La nueva Ley habría dejado inoperante el capítulo de los Acuerdos de Paz sobre la superación de la impunidad, dificultando la investigación de la práctica de los participantes del conflicto en graves violaciones de derechos humanos.

Informaciones de la prensa salvadoreña dan cuenta de que la Fiscalía y la Corte Suprema de El Salvador están preparando la exhumación de las víctimas de “El Mozote”, argumentando que la Ley de Amnistía ya no es un obstáculo, pues habría sido invalidada por la decisión de la CIDH, que condenó al Estado Salvadoreño por el acometimiento, ocultación de la verdad y negación de la justicia en el caso de esta masacre. La Corte de Derechos Humanos determinó seis meses a partir de la notificación de la sentencia para concluir un mapa de las exhumaciones, con el objetivo de revelar la dimensión real de la masacre, el paradero de las víctimas que no fueron encontradas, dando comienzo a una investigación penal contra los responsables.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com


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